Es hora de desarrollar el segundo pilar

El crecimiento del PIB a un ritmo del 3% y el buen comportamiento del empleo, que genera en torno a medio millón de cotizantes al año, ha tenido su impacto positivo en los ingresos por cotizaciones sociales de la Seguridad Social, que están creciendo por encima del 4% anual.

 

A la vez, en los últimos doce meses, el gasto por pensiones de jubilación también ha aumentado un 4%, debido a que se pagan más pensiones (en torno a 95.000) más altas (la pensión media se ha incrementado un 2%).

 

El resultado de ambos efectos en las cuentas de la Seguridad Social podemos resumirlo como lo comido por lo servido; en 2017 volveremos a necesitar ingresos adicionales para pagar las dos pagas extras, más de 17.000 millones, que serán financiados con lo que queda del Fondo de Reserva o porque nos endeudemos.

 

Para contener el aumento del déficit de la Seguridad Social, una de las medidas más polémicas que se han tomado es desvincular el crecimiento de las pensiones de la evolución del IPC. Lo que se espera es que la inflación presione al alza los incrementos salariales, con el consecuente aumento de ingresos por cotizaciones, y que el gasto de las pensiones causadas sólo aumente un 0,25% cada año.

 

Realmente es una medida muy dura ya que una inflación anual de entre un 1,5% y 2% llevaría consigo una reducción del poder adquisitivo de entre un 20% y un 30% después de 15 años en la situación de jubilado. Si pensamos en el efecto que tendría en pensionistas que cobran 800 euros mensuales, la medida simplemente es inaceptable.

 

Lo paradójico es que aumentar todas las pensiones tampoco es posible. Si las pensiones subieran con el IPC en los próximos cinco años, se incrementaría el déficit anual entre 8.000 y 12.000 millones de euros (suponiendo una inflación entre un 1,5% y 2%). Sólo las pensiones mínimas crecerán y lo harán porque congelarlas abocaría a estos pensionistas a no poder atender sus necesidades básicas.

 

La práctica congelación de la mayoría de las pensiones debería ser un factor a tener en cuenta al planificar financieramente la jubilación. Para determinar el nivel de ahorro deberíamos anticipar no sólo el importe de la pensión pública que empezaremos a percibir cuando nos jubilemos, sino qué necesitaremos tener ahorrado para no perder poder adquisitivo.

 

Por ejemplo, un pensionista que comience hoy a cobrar una pensión pública de 1.500 euros mensuales, suponiendo un IPC del 2% y una rentabilidad de sus ahorros también del 2%, necesitará tener un fondo de 35.000 euros para mantener el mismo nivel de vida. Si la pensión en vez de 1.500 euros fuera de 2.000 euros mensuales el fondo que debería tener constituido sería de 46.000 euros.

 

Este fondo, que permitiría mantener el poder adquisitivo en la jubilación, es el que conceptualmente primero se debería dotar, y debería incluso establecerse su obligatoriedad. Como una gran parte de la sociedad española no tiene capacidad de ahorro, deberían ser las empresas quienes deberían, a través de instrumentos colectivos de ahorro, facilitar la constitución de este fondo a sus empleados.

 

Es la hora de desarrollar el segundo pilar; el papel de las empresas, en especial las medianas y pequeñas, debería cobrar mucho más protagonismo y debería estar enfocado a evitar que los pensionistas vean mermado su nivel de vida en sus últimos años de vida, cuando estén en una situación de gran debilidad.

 

Álvaro Monterde. Director de previsión social de MARCH JLT.

 

Foto: VIKTOR HANACEK, Picjumbo.

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